El racismo traspasa fronteras, también existe en España

Fuente: Campaña @RegularizaciónYa

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George Floyd y las multitudinarias protestas con el lema #BlackLivesMatters retumban en nuestros oídos. Y la brutalidad de la policía norteamericana, sus abusos y exceso de violencia nos indignan. ¿En 2020 cómo se justifica ese racismo institucionalizado que provoca que un individuo negro tenga el triple de posibilidades de ser asesinado por la policía estadounidense que uno blanco? George Floyd no es el primero. Esa lista de inhumanidad, deshonra y vergüenza la engrosan muchos otros: Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Atatiana Jefferson, Botham Jean, Philando Castile, Freddie Gray, Walter Scott, Tamir Rice, Michael Brown, Eric Garner o Trayvon Martin son algunos de ellos.

Si cruzamos el océano Atlántico rumbo Europa el racismo no desaparece. Tampoco se diluye o edulcora, no se vuelve más suave ni benevolente con las personas negras. España no supone una excepción. Podemos (debemos) recordar a Iliass Tahiri fallecido el 1 de julio de 2019 en el centro de menores Tierra de Oria (Almería). Hace poco salía a la luz el vídeo que revelaba que el joven no opuso resistencia y que seis guardias aplicaron una violencia desmedida que acabó con su vida. También cabe recordar a Mame Mbaye que murió de un infarto en 2018 después de que varios policías le persiguieran por practicar venta ambulante. Llevaba más de diez años viviendo en España y aún no había podido regularizar su situación. Tampoco podemos olvidar la tragedia del Tarajal que tuvo lugar el 6 de febrero de 2014. En ella murieron 15 personas que intentaban cruzar a nado el dique que separa Marruecos de Ceuta. Mientras se producía esta entrada masiva de centenares de migrantes, la Guardia Civil descargó sobre el grupo balas de goma y botes de humo que causaron el caos y precipitaron un final trágico con varios ahogamientos. Aquí la lista también se engrosa con cientos de nombres que no conocemos.

“Rumbo a Europa el racismo no desaparece. Tampoco se diluye o edulcora, no se vuelve más suave ni benevolente con las personas negras”

Esta es la última e irreversible consecuencia de un sistema racista que se desarrolla en todos los ámbitos de la vida desde el mismo momento en que los migrantes se topan con las fronteras que custodian Europa como si de una fortaleza se tratase. La violencia más cruda y las violaciones de los derechos humanos comienzan ahí y acompañan a estos colectivos a lo largo de su camino, incluso ya dentro del territorio europeo. Es precisamente, la dificultad para regularizar su situación una de las losas que arrastran en su día a día y que les condena a la aceptación de trabajos precarios, sueldos bajos, tolerancia de insultos y vejaciones, trabas en el acceso a la educación y la sanidad, etc. Esta situación se ha visto agravada con la crisis sanitaria de la COVID-19 que convierte a los migrantes en un colectivo muy vulnerable e imposibilita el acceso a determinadas ayudas del Estado por su situación de irregularidad.

Precisamente, para paliar este problema nace la campaña #RegularizacionYa que demanda la urgente necesidad de regularizar la situación de las más de 600.000 personas migrantes que habitan en territorio español con el objetivo de que todos salgamos de esta crisis unidos y sin dejar a nadie por el camino. La campaña, conformada por más de un millar de organizaciones y colectivos, junto con la Coordinadora Obrim Fronteras presentaron el 19 de junio una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados avalada por varios grupos parlamentarios. A raíz de estas demandas y movilizaciones ciudadanas, Unidas Podemos ha promovido una “iniciativa abierta” para regularizar la situación de aquellos inmigrantes sin papeles que se encontraran en nuestro país cuando comenzó la pandemia. 

Fuente: elaboración propia

Y es que, la condición de irregularidad implica el no reconocimiento de derechos indispensables. Generalmente son los migrantes los que ocupan los puestos de trabajo más precarizados sometidos en ocasiones a contratos laborales de semi-esclavitud. Puestos de trabajo que son, a su vez, indispensables para el mantenimiento de la sociedad: sector agrícola y de cuidados. Los temporeros, concretamente, destacan por las precarias condiciones a las que se enfrentan en el desempeño de sus tareas. De hecho, hace unos meses, el relator de la ONU Philip Alston ya sacó los colores a España como consecuencia de las condiciones infrahumanas en las que conviven grupos de migrantes en algunos barrios “con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin que su situación haya mejorado”.

Con la llegada de la pandemia la situación de estos trabajadores del campo no ha hecho más que empeorar. Mientras las autoridades sanitarias instaban al lavado continuo de manos, el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia de seguridad encontrábamos temporeros en algunos de esos campamentos chabolistas a los que Philip Alston hacía referencia recogiendo fruta para abastecer a los supermercados de España y Europa, sin acceso a agua ni saneamiento que garantizase su protección frente al virus.

Ahora el rebrote del Segrià en Lleida vuelve a poner a este colectivo en el punto de mira. Garantizar el cumplimiento de la cuarentena, el mantenimiento de las distancias de seguridad y las medidas de protección frente al coronavirus se complica en lugares donde las personas conviven hacinadas. Además, la situación de irregularidad de algunas personas y el miedo a su deportación dificulta el seguimiento de la enfermedad. También es importante tener en cuenta que algunos trabajadores no tienen derecho a cobrar bajas y la falta de ingresos les empuja a marcharse para buscar trabajo en otros lugares o a acudir a trabajar con síntomas, lo que pone en riesgo la salud de todos, especialmente la de ellos mismos.

Tampoco son desconocidos los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros) donde se encierra a personas en situación de irregularidad para proceder a su repatriación o las devoluciones en caliente que protagonizan el día a día de la vida en la frontera. La activista Helena Maleno ha denunciado en numerosas ocasiones estas violaciones de derechos que constituyen más la norma que la excepción en la frontera sur de España. Ahora, con la crisis sanitaria los migrantes que entran por la frontera sur de forma irregular son los únicos en guardar cuarentena durante 15 días, en muchas ocasiones hacinados en lugares cedidos por los Ayuntamientos porque no hay espacio suficiente. La otra cara de la moneda la muestran los turistas que vienen desde diversas partes del mundo sin someterse a ningún control exhaustivo.

Desde determinados sectores políticos, de nuevo se usa el discurso del miedo (en este caso al virus) para culpar a los migrantes. El discurso superficial, la forma y las palabras cambian, pero el contenido más esencial no, los inmigrantes no deben entrar en España porque conforman la fuente de todos nuestros problemas: ataques terroristas, falta de trabajo, robos, criminalidad y, ahora, la pandemia.

Las políticas europeas han demostrado poner por encima la defensa del territorio nacional que los derechos de las personas. Así, ante la pasividad de las autoridades han sido numerosos colectivos y asociaciones de migrantes quienes se han organizado para exigir derechos y trato humano. Dejar de criminalizar a las personas que se desplazan continúa siendo una cuenta pendiente de los países que se autodenominan desarrollados, pero que promueven un sistema de fronteras basado en el miedo, la violencia y la deshumanización de quienes necesitan atravesarlas.