El Gobierno estudia un nuevo proyecto de Ley de Memoria Democrática para prohibir legalmente la Fundación Franco

Fuente: Pixabay

Se quieren realizar exhumaciones en las miles de fosas comunes que aún existen y declarar fuera de la ley a las organizaciones que inciten al odio contra las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

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El 1 de abril de 1939 terminó la Guerra Civil española, enfrentamiento bélico que sirvió como precedente de lo que ocurriría tan solo meses después en el resto del mundo. Dicho conflicto trajo consigo miles de víctimas e injusticias. Todavía a día de hoy, en España, no sabemos con exactitud el número concreto de fosas comunes que se extienden por todo el territorio nacional. Las familias de las víctimas, además de vivir en una incertidumbre constante por no conocer el paradero de sus seres queridos, ven cómo cada 20 de noviembre se sigue conmemorando la muerte del Dictador.

A pesar de todo, este mes de julio de 2020 está previsto que el Gobierno ilegalice en su totalidad la Fundación Franco, todavía en activo. El proceso se lleva tramitando desde el año 2018, cuando Pedro Sánchez dijo por primera vez que sacaría los restos del Dictador del mausoleo del Valle de los Caídos. Sin embargo, la convocatoria de unas segundas elecciones y la crisis sanitaria producida por la COVID-19 han paralizado todos los procesos. Aun dadas estas circunstancias, el Gobierno ha estudiado un nuevo proyecto de Ley de Memoria Democrática para prohibir legalmente esta Fundación, pues consideran que su único objetivo es “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política”. Asimismo, con este nuevo proyecto se pretenden llevar a cabo las exhumaciones de las miles de fosas comunes que hay por todo el territorio español, así como, declarar fuera de la ley a las organizaciones y fundaciones que realicen e inciten de forma directa o indirecta el odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Se creará, de igual modo, un banco de datos de ADN de las víctimas de las fosas comunes, con el objetivo de encontrar a los familiares desaparecidos durante el franquismo y de crear un Censo Nacional de Víctimas que pueda servir para identificar los casos de bebés robados durante la guerra y la dictadura.

Aun así, la ofensiva que tiene pensada el Gobierno en relación con la familia Franco no acaba aquí. Sánchez pretende recuperar el Pazo de Meirás, residencia estival del dictador hasta su muerte, que después heredó su hija Carmen Franco y actualmente posee su nieta. Este proceso no es tarea fácil ya que se trata de un asunto que no se puede tratar mediante la nueva Ley de Memoria Democrática. Lo que se pretende, según afirman desde el Gobierno, es expoliar los bienes del franquismo para así devolverlos a sus legítimos titulares.

Por otro lado, se retirará la simbología franquista de los lugares públicos y se está contemplando la posibilidad de aplicar sanciones económicas a aquellas personas, asociaciones o actos en los que se dediquen a exaltar el franquismo. Entre estos actos se incluyen la exhibición de las banderas franquistas, así como los lemas a favor de Franco. Si esto se aprueba, los actos conmemorativos de su muerte también quedarían prohibidos.

En cuanto a estas sanciones se diferencian tres tipos: las muy graves, las graves y las leves. Las primeras son aquellas que oscilan entre los 10.001 y 100.000 euros, centradas en la exaltación de la figura de Franco o parecidos. Las segundas corresponden a las sanciones por simbología y apología a la dictadura, las cuales oscilan entre los 2.001 y los 10.000 euros. Las últimas, están entre los 200 y los 2.000 euros por el deterioro de las placas de los Lugares de Memoria Histórica.

“Lo que se pretende, según afirman desde el Gobierno, es expoliar los bienes del franquismo para así devolverlos a sus legítimos titulares”.

Todas estas cuestiones e iniciativas deben ir acompañadas de importantes recursos económicos en los próximos Presupuestos. Según algunas fuentes del Gobierno, dan por hecho que en esas cuentas habrá una partida destinada a la Ley de Memoria Democrática superior a la que se propuso en el año 2019. El objetivo principal de todas estas medidas se basa principalmente en “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo“, según recogen en una Proposición No de Ley registrada en el Congreso.

Todas estas cuestiones e iniciativas deben ir acompañadas de importantes recursos económicos en los próximos Presupuestos.

Durante varios años se han intentado tomar medidas como las descritas en estos párrafos, que gran parte de la sociedad considera lógicas, justas y adecuadas, pero siempre se han visto afectadas por trabas económicas o legales para llevarse a cabo. Mientras tanto, todavía hay descendientes de víctimas de la Guerra y el franquismo viviendo sin saber dónde están enterrados sus familiares y viendo como sus torturadores no han sido juzgados. No se trata de remover el pasado, se trata de aceptarlo y de hacer justicia.