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El pasado 19 de noviembre se aprobó con tan solo un voto de diferencia, entre abucheos, aplausos, enfados y mucha tensión, la octava ley de educación en lo que llevamos de democracia. La LOMLOE trae consigo cambios que han causado polémica en varios temas. Pretende reorganizar asignaturas como la Religión y la Ética, eliminar el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, limitar la extensión de la educación concertada, dando más importancia a la educación pública para que de esta forma los alumnos estén más repartidos y reducir la segregación. Además, se pretenden realizar una serie de cambios en la educación especial, rebajar la repetición y acabar con el reparto del alumnado por sexo. 

Estas son algunas de las propuestas más polémicas que se han dado pie con esta  nueva ley. Los partidos de derecha y otros personajes públicos como, Miguel Bosé o Bertín Osborne, han manifestado su desacuerdo con estas nuevas medidas pero, ¿sabemos realmente lo que suponen?

Antes de comenzar a analizar y desmentir los bulos que se han ido creando sobre esta nueva medida es importante tener en cuenta una serie de datos. 

El modelo educativo español lleva estando a la cola, en comparación con el resto de países del continente europeo, muchos años. También posee unas características que estos países no tienen: la enseñanza privada y concertada (junto con Finlandia), una alta tasa de abandono escolar, una importante reducción de la inversión en este sector, la cual se ha traducido, entre otras cosas, en un menor gasto por alumno y un alto porcentaje de paro. El nivel educativo en este último punto tiene mucha importancia, ya que la tasa de empleo de los ciudadanos de entre 20 y 34 años en Europa es del 80%, mientras que en España no llega al 70%. 

Rebajar la repetición

Casi un tercio del alumnado de 15 años no está en el curso que le corresponde, según los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Educación. Consideran, asimismo, que esta repetición supone un acto de segregación dentro del alumnado ya que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de repetir. Con esto se refieren a las condiciones de igualdad de competencias dentro del alumnado. Por ello, la LOMLOE pretende que la repetición de curso sea algo más excepcional y que no limite el curso educativo, dando lugar a que solo sea posible repetir una vez en primaria y dos en la educación secundaria. Además, esta repetición no estará sujeta a un número máximo de suspensos, como hasta ahora, sino que los profesores son los que deciden, mediante un consenso, si el alumno o la alumna está preparada para pasar al siguiente curso de forma más general. 

El castellano deja de ser vehicular

Esto no quiere decir que el castellano desaparezca de aquellas zonas en las que se hable catalán, euskera, valenciano o gallego. De hecho, la ley impulsa un correcto aprendizaje tanto del castellano como de la lengua cooficial, intentando que se dominen ambas lenguas. Se ve como en el propio texto de la nueva ley “garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”. Esta es una de las medidas que más revuelo ha provocado, ya que muchos consideran que esto dará pie a que el alumnado no aprenda castellano. Ya hemos visto que esto no ocurrirá. 

Reorganización de las asignaturas de Religión y Ética

Este tema está más enfocado desde el debate a nivel social, ya que en el caso de la Religión, se ha llegado a decir que esto acabará con la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia. Esto tampoco ocurre, lo que se pretende es que la asignatura de Religión deje de contar para la nota media final. Se sigue manteniendo la asignatura como de oferta obligatoria para los centros, pero optativa para el alumnado. Sin embargo, los alumnos que elijan no dar esta materia se quedarán con un hueco libre en su horario. 

En relación a la asignatura de Ética, la redacción de la nueva ley no prevé ninguna asignatura con estos contenidos en la Secundaria Obligatoria, pero sí una materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, «que prestará especial atención a la reflexión ética y se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la educación para el desarrollo sostenible«. Además con esta ley se recupera la asignatura de Filosofía en 2º de Bachiller como obligatoria. 

Límites a la concertada 

Este debate se focaliza sobre todo en ciertas prácticas que se han venido desarrollando en la Comunidad de Madrid por los centros privados sostenidos con fondos públicos, según explican fuentes del Gobierno. Dos de las que más demandaban los defensores de la pública son: la prohibición de ceder suelo público para la construcción de centros concertados y la prohibición de concertar centros que segreguen a su alumnado por sexo. Además, el Gobierno intentará terminar con las prácticas dudosas de la concertada, por ejemplo, con que cobren cuotas obligatorias cuando por ley no pueden serlo, es decir, un mayor control en ese aspecto. La cuestión y las quejas por parte de la educación concertada es que esto afectará negativamente a aquellos colegios concertados que sí que cumplen con las medidas. 

En cuanto a la educación pública, con esto se pretende también reducir la segregación del alumnado con varias medidas que afectan a la escuela concertada, agrupadas en dos ámbitos: la gestión de la oferta de plazas, el proceso de admisión y reparto del alumnado por los centros para evitar que los más favorecidos se junten en la escuela privada y concertada sostenida con fondos públicos y los más humildes se matriculen en las públicas. 

Educación especial

Los cambios producidos en este ámbito han causado mucho revuelo. Los centros de educación especial, según el plan que quieren llevar a cabo, se transformarán en centros de apoyo y de referencia para los centros ordinarios, pudiendo escolarizar a los niños en colegios de educación especial que necesiten este tipo de ayudas. 

Las modificaciones se han realizado siguiendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada por España en 2008. Ésta establece que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación inclusiva en un centro ordinario y por ello, el Gobierno pretende, con esta nueva medida, que el alumnado que necesite este tipo de educación no sufra un aislamiento y marginación por parte del resto. Sin embargo, este plan se llevará a cabo en un plazo de diez años hasta que estos centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para mejorar sus condiciones. La problemática principal es que, el periodo de tiempo que ofrecen es demasiado largo, así como que muchos de los institutos y colegios creen que aun así esta inclusión no se logrará y es inviable.

Se puede estar más o menos de acuerdo con las medidas que suponen y que va a traer consigo esta nueva ley, pero, es importante tener en cuenta las movilización por parte de determinados sectores, entre ellos: la educación concertada, la educación especial y sobre todo, expertos especializados en el sector. Muchos son conscientes de que a la hora de poner todo esto en marcha, la situación va a ser inviable o dará una serie de problemas. Para lograr que esto no ocurra, es fundamental que se hable y sobre todo, se escuche de una vez a los verdaderamente entendidos en la materia, es decir, a todo el sector educativo y al profesorado, los cuales están hartos de tanto cambio de ley con cada nuevo gobierno. Está claro que se necesita un consenso en el que ambas partes, tanto políticos como expertos en la materia, se sienten a negociar y a hacer una ley que de verdad favorezca al futuro de nuestro país: la comunidad estudiantil.

La educación no es un campo de batalla, ni un juego de poder entre partidos políticos para ver quien es el más fuerte, sino que se trata de la base de nuestra sociedad, de nuestro futuro y de un bien muy preciado y común.