Tiempo estimado de lectura: 4 minutos

La inmigración vuelve a estar en boca de todos, en el punto de mira. Vuelve a constituirse como un elemento de propaganda política. De nuevo escuchamos palabras como “devoluciones en caliente”, “repatriaciones” y “¡vallas más altas!”. Algunos ya comparan esta oleada masiva de inmigrantes con la “la crisis de los cayucos” de 2006; esa “crisis” que desbordó al gobierno canario con la llegada de más de 36.000 personas y obligó a usar espacios insospechados como comisarías, naves industriales, polideportivos e incluso aeropuertos para albergarlas.

En lo que va año (hasta el 15 de noviembre)­, el número de inmigrantes que alcanzaron España por vía marítima ha aumentado un 45’5% respecto a 2019, contabilizándose 32.427 llegadas, según el Ministerio del Interior. Mientras la situación en la península y Baleares se ha relajado ligeramente, las Islas Canarias han sufrido un aumento del 688% en la llegada de migración hasta el 15 de octubre. Solo en el último mes se ha contabilizado la entrada de más de 9.000 inmigrantes en estas islas y un ascenso del número de embarcaciones, de 73 en 2019 hasta 306 en el mismo periodo de este año.

Empieza la pelea política

En Canarias necesitan ayuda y recursos para hacer frente a la llegada masiva de migrantes. Ángel Víctor Torres, presidente regional de las Islas Canarias, ha pedido al Gobierno central ayuda para repartir a estas personas por diferentes territorios españoles. De hecho, varias comunidades autónomas ya le ofrecieron espacios para alojar a algunas decenas de inmigrantes. Por su parte, el Gobierno central se ha negado a desplazar a estos individuos a la península y, en su lugar, ha ofrecido construir un campamento de emergencia con 7.000 plazas disponibles para atender a estos inmigrantes. Ante esto, el presidente canario se plantaba alegando que “Canarias se niega a ser quien reciba el 100% de la inmigración”. El ministro Escrivá afirmaba también que el 90% de los inmigrantes llegados a Canarias en lo que va de año son “retornables” a sus países de origen por no cumplir con los requisitos pertinentes para quedarse en España.

Mientras todo esto sucedía, el ministro del Interior Grande-Marlaska se reunía con su homólogo marroquí Abdeluafi Laftit en Rabat. Al término de su reunión Marlaska descartaba trasladar inmigrantes a la península alegando que “las políticas migratorias, son del conjunto de la UE, y no solo de España».  

Revive la batalla judicial

El Tribunal Constitucional ha avalado las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla que contemplaba la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. La resolución del tribunal llega ahora, después de que el pasado junio acordaran aplazarla por falta de consenso. Este fallo se ampara en varios argumentos ofrecidos por el Tribunal de Estrasburgo (TEDH) tras su giro radical en la condena a España por devoluciones en caliente que dictaminaron de forma unánime anteriormente.

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional recalca que estas devoluciones solo serán constitucionales cuando se realicen a) «sin perjuicio del control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera», b) «con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España”. Además, la actuación policial deberá tener en cuenta siempre el perfil “vulnerable” de ciertos individuos como menores de edad, mujeres embarazadas o personas mayores.

Según se conocía el fallo del Alto Tribunal, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha defendido la legalidad de estas devoluciones inmediatas y ha afirmado que “el Gobierno de España seguirá haciendo las devoluciones de acuerdo a la ley”.  El problema principal es que, al menos hasta ahora, ninguno de los gobiernos ha respetado las disposiciones de la ley a la hora de proceder a realizar devoluciones en caliente.

Estas prácticas, que ya eran comunes desde el 2014, se regularizaron en la Ley de Seguridad Ciudadana elaborada por el PP de Mariano Rajoy, en 2015. Entonces fue el propio PSOE quien se posicionó contra esta norma presentando un recurso de inconstitucionalidad que ahora ha resuelto el tribunal.

Mientras en las esferas sucede todo esto…

Senegal está en duelo. En duelo porque en lo que va de año 480 senegaleses han muerto, tragados por el océano, intentando llegar a las costas canarias. De muchos no hay cuerpos que poder enterrar, solo incógnitas e indicios que mandar de vuelta a sus familias.

Ante esto, varios jóvenes senegaleses organizaron el pasado 13 de noviembre una jornada de duelo en memoria de los desaparecidos en la ruta atlántica con los hashtags #SenegalEstáEnDuelo y #LeSenegalEnDeuil. El detonante de este suceso fue la negación por parte de las autoridades senegalesas de la muerte de 140 personas fruto del hundimiento de una patera a la altura de la ciudad de Saint-Louis, cerca ya de Mauritania.

El manifiesto de este llamamiento de la juventud senegalesa rezaba: “enviamos nuestro más sentido pésame a las familias que perdieron seres queridos durante esta travesía por el mar (…) para ellos, nosotros, la juventud senegalesa, decidimos organizar una jornada de duelo y oración este viernes 13 de noviembre en homenaje a las víctimas de la emigración clandestina”.

La crisis sanitaria que azota en mayor o menor medida a todos los países del planeta incide inevitablemente en los movimientos migratorios de África a Europa. No todas las personas que cruzan el Mediterráneo lo hacen por las mismas razones, el abanico es muy amplio. Algunos se ven obligados a huir por guerras o persecuciones políticas, otros quieren dejar atrás el hambre y buscar nuevas oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida. Ahora con la Covid-19 muchos han perdido el empleo y emigran para encontrar uno nuevo ante las imposibilidades de prosperar en sus países de origen. No todos vienen por lo mismo, pero todos comparten el sufrimiento del camino y el encontronazo con una Europa que no pone las cosas nada fáciles.

Desde que Marruecos aumentara los controles en su territorio, atravesar la ruta del Mediterráneo (cruzar el norte de África y embarcar en Marruecos o saltar las vallas de Ceuta y Melilla) se ha complicado enormemente. Ante esta dificultad, muchos optan por tomar la ruta del Atlántico hacia las Islas Canarias, mucho más mortífera. El resultado, más allá de discusiones políticas sobre la capacidad española o europea de acoger a estos migrantes, es un dramático número de fallecidos en el mar. 480 no dice nada como cifra, pero se traduce en 480 vidas, sueños y anhelos apagados, 480 familias destrozadas. El dolor, casi inimaginable para quien no lo sufre, puso los pelos de punta a muchos españoles al oír el grito desgarrador de una madre que perdió a su bebé en un naufragio a principios de noviembre.