Irene Mira y Selene Serrano

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El pasado 23 de octubre de 2020 tuvo lugar una nueva jornada de protestas en Santiago de Chile protagonizada por los disturbios entre la policía y los manifestantes, en la famosa plaza Italia -epicentro de las numerosas revueltas chilenas que se han ido desarrollando desde hace aproximadamente un año-. Los enfrentamientos, en realidad, comenzaron tras el acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas en el que firmaron el 15 de noviembre de 2019 un camino institucional para destrabar la crisis social que había (y hay) en el país.

Pero las revueltas no empezaron el año pasado, ni finalizaron ese año. El pasado mes de noviembre de 2020 tuvo lugar otro incidente violento. Dos agentes de los Carabineros de Chile (uno de los cuerpos policiales chilenos) dispararon contra dos menores en la región de Talcahuano. Este acontecimiento ha servido para revivir, de nuevo, la ira de muchos y muchas en el país chileno, en el que desde hace un año, tras la subida de la tarifa del sistema público de transportes de la capital -que entró en vigor el 6 de octubre del 2019-, centenares de jóvenes salieron a las calles para manifestarse y protestar.

Esta subida en el transporte público de Santiago de Chile fue “la gota de colmó el vaso” dentro de un sistema económico y social insostenible. A partir de estas protestas, la situación poco a poco se fue agravando. El 18 de octubre del pasado 2019 comenzaron a aparecer varios focos de protestas, saqueos y disturbios violentos a lo largo del país, que acabaron con la declaración del Estado de Emergencia a manos del presidente Sebastián Piñera. Con ello, se implantó en las comunas del Gran Santiago el toque de queda a partir de la noche del sábado 19.​ La situación se extendió pocas horas después a otras cinco regiones del país y ya para el día 23 de octubre de 2019, el Estado de Emergencia había sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales.

Contexto:

Para entender mejor toda esta situación es necesario rebobinar en el tiempo. Esta problemática social chilena viene de mucho antes, debemos poner el foco en la dictadura de Pinochet, gobernante de Chile entre los años 1973 y 1990. 

El 11 de septiembre de 1973, en medio de una crisis política, económica y social, Pinochet llevó a cabo un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de la coalición de partidos políticos de izquierda denominada Unidad Popular, poniendo fin al período de la República Presidencial.​ Desde ese momento, Pinochet gobernó el país. En 1980 realizó la promulgación de una nueva Constitución.​ Su mandato acabó por la vía democrática mediante un plebiscito (referéndum) realizado en 1988, tras el cual fue sustituido por Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990. Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998 y al día siguiente asumió como senador vitalicio hasta su muerte, en el año 2006. 

Pero al irse, en 1990, Pinochet decretó una última ley que sigue siendo uno de los puntos principales contra los que se protesta. El dictador se despidió de su mandato imponiendo la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Esta medida fue publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990, el mismo día en que el dictador cedió la presidencia a Patricio Aylwin. Su último legado fue un sistema educativo que entregaba a los municipios la enseñanza pública, favorecía la segregación entre centros para ricos y centros para pobres y limitaba un gasto estatal que aún hoy, tras varias reformas, se mantiene en el puesto más bajo de la OCDE. Es decir, es una educación ajustada a los dogmas neoliberales. La universidad privada exige a los estudiantes que se endeuden durante años o décadas para poder pagarse los cursos. Todo esto, ha llevado a diversos movimientos estudiantiles que han luchado y luchan en contra de esta segregación, a pesar de las represalias que se toman contra ellos y ellas. 

Con todo esto, la primera gran explosión estudiantil se produjo en 2006. A estas manifestaciones se las denominó revolución de los pingüinos, ya que, al ser estudiantes, portaban sus uniformes. Estas revueltas tuvieron una gran repercusión social, alcanzaron los 600.000 participantes en las manifestaciones y en las huelgas realizadas el 30 de mayo, y la participación de los centros no se quedó atrás, ya que fueron más de 400 centros los que permanecieron cerrados esa jornada. Pero además, hay que tener en cuenta que todo esto fue coetáneo al cambio de presidencia y, por tanto, el mandato de Michelle Bachellet tuvo que enfrentarse a esta gran crisis nada más empezar su gobierno. De todos modos, como decíamos, esta revolución no fue única, ya que estalló de nuevo en 2008, 2011, 2012, 2015 y 2018.

Por tanto, a Chile en estos últimos años (o, incluso, décadas) no han dejado de sumarse motivos para las protestas ciudadanas, que no cesan ni con la represión de los cuerpos policiales. A todos estos movimientos se les conoce como el estallido social, es decir, las masivas manifestaciones y graves disturbios originados en Santiago y propagados a todas las regiones de Chile, con mayor impacto en las principales ciudades, como el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, desarrolladas principalmente entre octubre de 2019 y febrero de 2020.

Y es que en 2019 las calles de Santiago se encontraban devastadas tras casi cinco semanas de protestas, destrozos y batallas campales que se volvieron en algo habitual desde el mes de octubre. Estas protestas trajeron consigo una fuerte brutalidad y dureza a manos de los Carabineros, cuerpo policial al que los y las manifestantes conocen como pacos, y el Ejército durante todo el Estado de Emergencia. Aun así, la juventud chilena siguió manifestándose y los heridos recibían atención médica en centros que improvisaron los mismos participantes. 

Por otra parte, y también en 2019, todo el mundo pudo ver las masivas protestas feministas que protagonizaron las chilenas. De nuevo, en el escenario del resto de protestas, la Plaza de Italia, las mujeres chilenas se hicieron con la atención del mundo entero a través del cántico El violador eres tú, que tiene como estribillo: “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú.” A través de este, se mostraba otro problema del país, en el que se acusaba al cuerpo policial, a los jueces y al propio presidente de cómplices de la violencia machista del país. 

Bien es cierto que la aparente causa principal de los enfrentamientos fue la subida del transporte público, sin embargo, esto solo fue la punta del iceberg ya que millones de chilenos y chilenas decidieron salir a manifestarse por el alto costo de la vida (hasta 2019 Santiago es la segunda ciudad más onerosa de Latinoamérica), las bajas pensiones, los precios elevados de los fármacos y otros tratamientos de salud y un rechazo generalizado a toda la clase política y el descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia Constitución de ese país.​

Por tanto, estos estallidos sociales se han caracterizado desde su inicio por su transversalidad. El pueblo chileno lleva años alertando al mundo de las injusticias que se cometen diariamente en su país. Los diferentes protestantes se han unido para pedir: igualdad entre la ciudadanía, la derogación de la ley estudiantil que permanece desde Pinochet y hacer frente a la violencia machista que no cesa, así como para mostrar que la sociedad está ahogada en subidas de precios de algo tan básico como el transporte público. Aún así, es importante mencionar que estas protestas han sido caracterizadas por la ausencia de líderes. Y por tanto, se ha dado cabida a esta incorporación de un amplio espectro social del que hablamos, en la que han tenido un papel fundamental los grupos sociales de las clases bajas y medias.