Cuba está en boca de todos. Parece ser uno de los países que recurrentemente se usan por los gobiernos externos para “demostrar” ideas y opiniones que siempre son contrarias a las suyas, al igual que, al menos en España, ocurre con Venezuela. La realidad, sin embargo, es que hace ya tiempo que el pueblo cubano reclama su libertad como nación y el comienzo de una era democrática plena. 

La covid-19 ha traído consigo, además de una gran cantidad de fallecimientos y una crisis mundial, una sucia lucha por las vacunas. Los países han tenido que ponerse de acuerdo por qué vacuna, cuándo y dónde pertenece a cada uno de ellos, olvidando así que todos los humanos somos iguales, independientemente del lugar de nacimiento. En Cuba, como en muchos otros países, esta lucha se ha hecho notable. La escasez de vacunas (y de índice de vacunación) del país hace que la pandemia se alargue más de lo esperado, y esto tiene graves consecuencias. Para empezar, los contagios están disparados, pero además, debido a la estructura económica del país (basada principalmente en el turismo) la economía cubana se está hundiendo. 

La crisis económica que azota a Cuba, además de al sector turístico, está afectando en una gran diversidad de formas: los apagones de luz abundan, la escasez de productos básicos es frecuente… Por si fuera poco, hay un grave problema con la moneda cubana (el peso cubano). Desde hace unos meses, es difícil encontrar establecimientos en los que se pueda pagar con esta moneda, cuando es el modo en el que la población recibe los salarios (así como en dólares, que tampoco se aceptan). Por todo ello, la población de Cubana lleva semanas manifestándose en protestas multitudinarias.

En cuanto a la vacunación, Cuba se convirtió el pasado julio en el primer país latinoamericano con una vacuna propia, la vacuna Abdala, sellada con un 92% de efectividad según el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED). La noticia de la aprobación de la vacuna pareció llegar en el momento justo, pues Cuba sufría su peor ola de incidencia llegando a alcanzar los casi 6.500 contagiados por la covid en un solo día. Sin embargo, esta no es la única vacuna que se ha desarrollado en el país, pues el territorio cubano tiene 3 en investigación, una aprobada (la Abdala) y otra en vías de aprobación (la Soberana 02). Por otro lado, es destacable que la población vacunada de todas las dosis (que, en el caso de esta vacuna, son tres) no alcanza el 22% bien llegado el final de julio. Además, se ha puesto en duda no tanto la eficacia sino el suministro de estas vacunas, ya que el pasado sábado 24 de julio se alcanzó la mayor cifra de fallecidos por covid-19 en el país. De este modo, los manifestantes pretenden poner de manifiesto las fallas del sistema público cubano de un modo general (poniendo el foco en la sanidad).

Estas concentraciones se han convertido en uno de los momentos más trascendentales de la historia de este país en más de seis décadas. Sin embargo, esta tensa situación desembocó en que organismos internacionales -que velan por los derechos humanos y la libertad de prensa y expresión- sigan con “gran preocupación” los actos de “represión” e “intimidación” que achacan a las autoridades cubanas contra los críticos al gobierno.

Y es que Cuba es un Estado socialista presidido por Miguel Díaz Canel, quien es actualmente el jefe de Estado, jefe de Gobierno, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y comandante en jefe (jefe supremo) de las fuerzas armadas. El Ministerio del Interior es el principal órgano para la seguridad y el control del estado. De esta forma, debido al importante control hacia grandes e importantes instituciones, muchos cubanos y cubanas, así como grandes potencias internacionales, en su mayoría aliadas de Estados Unidos y contrarias al sistema cubano, consideran Cuba como un estado dictatorial.

Consecuencias de las protestas

La Constitución de Cuba “reconoce el derecho a la manifestación”, aunque, eso sí, “condiciona el ejercicio del derecho a una ley”. “En la actualidad no existe una ley en el país que regule la forma en que las personas protesten. Es decir, no hay ningún procedimiento legal al respecto”, afirma Diversent, activista y abogada cubana. 

Sin embargo, el presidente cubano, a través de una comparecencia pública, aseguró que los detenidos en las protestas serán juzgados “sin abusos”, con “garantías procesales” y “recibirán la aplicación de las leyes en su justa medida”.

Además, Díaz-Canel insistió en que los arrestos se produjeron porque los manifestantes habían cometido “hechos que atentan contra la Constitución”, a pesar de que la Carta Magna cubana reconoce el derecho a protestar.

Al mismo tiempo, defendió el operativo policial para frenar las manifestaciones en la isla y recalcó que “igual hay que pedir disculpas a quienes en medio de la confusión fueron maltratados injustamente”. Denuncian, además, que muchos de los que salieron a protestar y que fueron arrestados se les está privando de libertad, mientras que en otros casos se imponen sanciones económicas que son bastante elevadas para cualquier familia.

Amnistía Internacional critica la “retórica estigmatizante” utilizada por el presidente cubano para, según ella, “criminalizar” a los que participaron en las movilizaciones para protestar por la situación en Cuba, cuya crisis social, sanitaria y política se ha agudizado en los últimos tiempos a raíz de la pandemia.

Las protestas, que tuvieron lugar el pasado mes de julio pueden, tal vez, marcar un antes y un después en el rumbo de Cuba. Muchos de los manifestantes pedían cambios hacia la garantía de derechos humanos, hacia la apertura de un verdadero diálogo plural, diverso y genuino entre las autoridades cubanas y distintas partes de la sociedad, sobre todo de la sociedad civil independiente. Sin embargo, como otras muchas cosas, esto no se verá de forma inminente, sino que tendremos que mirar hacia el futuro y lo que éste nos deparare.