Cada 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha pensada para alertar y concienciar sobre los riesgos y efectos del acelerado cambio climático que vivimos. A pesar de que esta efeméride no haya sido proclamada de forma oficial por Naciones Unidas, las personas nos echamos a la calle para protestar, cambiamos el perfil de nuestras redes sociales, compartimos artículos sobre el tema o debatimos sobre las posibles soluciones que existen. También, como sucede en la mayoría de celebraciones internacionales, se alzan voces reclamando que no solo nos acordemos del cambio climático los 24 de octubre. La lucha y la concienciación están presentes en cada paso que damos y en cada decisión que tomamos a diario.

Precisamente, hoy es una buena fecha para hablar de la labor que cumplen los activistas medioambientales. Aquellas personas que día a día luchan contra el cambio climático y las acciones que destruyen nuestro planeta, incluso poniendo su vida en juego.  

Según datos de Global Witness, han sido asesinados 1733 ambientalistas en todo el mundo entre 2012 y 2021. Estos números incluyen a mujeres, hombres, niños e incluso familias completas. Las nacionalidades son muy variadas, pero la realidad apunta a que es en Latinoamérica donde más ensañamiento hay contra los ambientalistas. Son, en concreto, Brasil, Colombia y México los países donde mayor número de activistas medioambientales mueren asesinados.

Asesinatos de ambientalistas en América Latina entre 2012 y 2021:

Brasil: 342, Colombia: 322, México: 154, Honduras: 117, Guatemala: 80, Nicaragua: 57, Perú: 51, Venezuela: 17, Paraguay: 13, Argentina: 7, Costa Rica: 4, Chile: 4, Ecuador: 4, Bolivia: 2, Panamá: 1.

Deforestación del Amazonas

Es este en este mismo informe donde la organización mundial señala a las industrias que mayor relación presentan con los asesinatos, incluyendo: la minería y extracción, la agroalimentación, la tala masiva, el sector hidroeléctrico y la caza y pesca furtiva. De hecho, muchos de los activistas que han perdido la vida lo han hecho en el marco de la defensa de la selva amazónica y las tribus que la habitan.

La vasta extensión de selva que ocupa alrededor de siete millones de kilómetros cuadrados repartidos por nueves países sufre una deforestación acelerada que preocupa a los científicos y pone en jaque el futuro del planeta y la humanidad tal y como la conocemos.

La riqueza de la Amazonia, cuya mayor extensión se sitúa en Brasil, Perú y Colombia, es muy atractiva tanto para las grandes empresas como para los Estados que poseen el territorio y ven incrementado su PIB con su explotación.

Según algunos datos de Greenpeace, desde 1970 se ha deforestado el 17% de la Amazonia y el 65% de la Amazonia brasileña. Estas cifras son preocupantes pues se estima que de alcanzar el 20-25% de deforestación, se llegaría a un punto de no retorno en el que sería imposible salvar la selva. Todo esto ha provocado que lo que hasta ahora se consideraba el “pulmón del planeta” haya comenzado a emitir más CO2 del que absorbe.

La agricultura, la ganadería, la minería, la extracción maderera y la construcción de carreteras e infraestructura son las causas más importantes de deforestación del Amazonas. Es precisamente aquí donde emergen los intereses de las empresas privadas, los gobiernos y algunos grupos criminales que operan en las zonas. Y es también en este contexto donde los activistas ambientales aparecen y más incomodidades generan.

Activistas medioambientales y las lacras que sufren

Las cifras reveladas sobre el número de ambientalistas asesinados entre 2012 y 2021 pone de manifiesto el riesgo que corren sus vidas y la urgencia por crear políticas efectivas que acaben con la impunidad. Las altas cifras de muertos junto con el aislamiento de muchos de los lugares donde suceden estos asesinatos provocan que muchos de ellos no trasciendan o tarden mucho en llegar al público. Así, nos encontramos ante una violenta lacra muy desconocida.

Entre los últimos activistas asesinados encontramos al indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips. Desaparecieron en la selva amazónica de Brasil, en la región del valle de Yavarí a principios de junio y una semana después la policía halló sus cuerpos. En esa misma semana de junio, el ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, fue asesinado a tiros en su oficina por un amigo de su infancia: Miguel Cruz. Según declaraciones del diario digital Acento al El País, las razones apuntan al cierre de una empresa de Cruz por no cumplir con el reglamento medioambiental.

Muchos de estos asesinatos son el culmen de un largo periodo de tiempo sufriendo violencias y otro tipo de acosos como: amenazas de muerte, violencia sexual, vigilancia ilegal, chantajes o campañas de desprestigio. Además, habitualmente abundan las denuncias públicas que los propios activistas han hecho viendo el peligro que sus vidas corrían.

Edwin Chota, líder asháninka en la selva amazónica de Perú, fue asesinado en 2014 por luchar contra la tala ilegal. Durante 10 años denunció las amenazas que recibían él y su comunidad. Desde 2005 pidió protección al gobierno peruano. Acudió a Lima a pedir ayuda una última vez dos meses antes de ser asesinado.

Berta Cáceres, activista hondureña, asesinada en su casa en 2016 denunció también públicamente a Roberto Castillo, presidente ejecutivo de la empresa contra la que luchaba, por amenazas de muerte. Castillo fue declarado culpable como coautor del asesinato seis años después, en julio de 2022.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aprobaba en 2005 una resolución en la que se apuntaba a la “obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario”. Este mandato obligaba a “adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones”, así como investigar las violaciones y proporcionar recursos eficaces de reparación de las víctimas. Sin embargo, estas fuertes oleadas de asesinatos ponen encima de la mesa la ineficacia de las políticas que existen en materia de derechos humanos.